Daniel Conesa cree que las declaraciones que realizó la ministra Elma Saiz o “son una muestra desvergonzada” de las actuaciones del Gobierno del Estado o “una demostración de que no tiene ni idea” del problema real que supone para los melillenses que no se retome el modelo anterior de la bonificación de las cuotas patronales de la Seguridad Social.
La Ciudad Autónoma, además, lamenta que no haya querido mantener un encuentro con el presidente Imbroda para poder tratar competencias derivadas en la Administración local y que dependen directamente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El popular considera que “lo mínimo exigible” cuando un representante del Estado viaja hasta la ciudad es que se anuncie “algo positivo” o que se adentre en los problemas que padece la sociedad para poder aportar soluciones.
Señala la “casualidad” de que Sabrina Moh realizara un anuncio sobre la vuelta del modelo que ha estado funcionando hasta el 1 de septiembre de 2023 el mismo día que el presidente del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, saliera en la Cámara Alta presentando una Proposición de Ley con este mismo reclamo para Ceuta y Melilla. Conesa se pregunta “quién miente” en todo este asunto, después de que ayer la ministra socialista saliera públicamente defendiendo las bondades del nuevo sistema.
Solicita, nuevamente, información para conocer cómo el Estado piensa poner en marcha esta medida, a pesar de que el Partido Popular ya ha iniciado una vía en el Senado que, con el voto a favor del PSOE, podría salir adelante para atender a una demanda de todos los sectores sociales.
Asimismo, cuestiona la partida que se vaya a disponer para el presupuesto adecuado para lanzar las subvenciones que los empresarios deberán solicita al Servicio Público de Empleo Estatal, ya que Pedro Sánchez ha anunciado la prórroga de los PGE de 2023 donde no se incluía esa partida necesaria.
Finalmente, el consejero considera que es “una falta de cortesía o de educación” que la ministra no se haya querido poner en contacto con el máximo represente del Gobierno local porque la Ciudad Autónoma realiza un importante desembolso para la atención de los menores migrantes, una competencia que depende de su cartera en el Estado.