El atestado policial de la Operación Santiago-Rusadir resalta la existencia de una “verdadera organización criminal en mayúsculas” liderada por Mustafa Aberchan y compuesta por varios “escalones” que habría adjudicado del orden de 291 contratos menores en la anterior legislatura a personas del propio grupo “y afines a la trama, sirviendo los fondos obtenidos para financiar la compra del voto por correo, además de generar un notable enriquecimiento ilícito de los investigados”.
Tal y como se refleja en el atestado policial al que ha tenido acceso COPE Melilla, “no estamos frente a un grupo más o menos grande dedicado a la comisión de fraudes continuados en la adjudicación y que con esos recursos se deciden comprar unos cuantos votos”, sino que se trata de una organización criminal que ha permanecido activa desde al menos 2008 “con un claro liderazgo y una maquinaria perfectamente engrasada con el paso de los años y las sucesivas citas electorales”.
Se señala que el líder de CpM encabeza esta organización criminal “desde su condena por delito electoral en las elecciones de 2008”, ya que es el encargado de disponer la “realización de la contratación fraudulenta” y quien decide “a quien adjudicar y a quien no” y “sin que nadie discuta sus decisiones”. Por ello, se entiende que es el “máximo responsable de los delitos cometidos”.
Los investigadores apuntan que el grupo criminal se divide en cuatro escalones, cada uno con una tarea y con el “primordial” objetivo de “conseguir socavar la democracia mediante fraude masivo del voto por correo, adquiriendo por medio de contraprestación económica, de forma directa o indirecta, el sobre conteniendo la documentación electoral”. El primer escalón (A) estaría integrado por personas con cargo en el partido -«la mayoría de ellos pertenecientes a la dirección»- que serían los encargados de la “adjudicación de la contratación fraudulenta de miembros del escalón B, así como la dirección de todo el entramado”. Sus funciones se limitaban a personarse en los barrios “deprimidos para aparentar cercanía con los ciudadanos desfavorecidos” y dar una imagen de “seguridad a la petición del voto, pero sin implicarse directamente en la compra”.
En el segundo escalón (B) se encuentran miembros cercanos al anterior grupo, concretamente “adjudicatarios de contratación pública millonaria de máxima confianza de los líderes del escalón A e incluso con lazos familiares que conocen muy bien los barrios caladeros de votos de CpM”, muchos de ellos con antecedentes policiales “que no escatiman en el uso de la violencia”, generando un ambiente “intimidatorio”. Sus funciones son reclutar a los integrantes del tercer escalón (C), aunque también “se implican en la compra directa de los votos, estableciendo puntos de control y captación en los barrios a los que pertenecen”.
En el escalón C se encuentran personas afines al partido y “conocidos de los integrantes del escalón B que son requeridos para que manejen directamente los barrios marginales”, siendo residentes de dichas zonas. Se señala que los votantes les “temen porque saben de sus antecedentes penales, la mayoría por delitos violentos” y sus funciones son captar votantes “o forzarlos mediante intimidación y violencia en caso de que no quieran colaborar vendiendo su voto a CpM”. Sus objetivos, en este caso, son personas mayores “con bajo nivel cultural”, “jóvenes callejeros y drogodependientes”. Estas personas, además, captan a los miembros del escalón D y tienen “disponibilidad presupuestaria obtenida del escalón A para que se encarguen del pago masivo de votos”.
Por último, el escalón D está formado por personas con antecedentes penales a las que el partido contrata “para la ocasión, pagándoles una cantidad que está proporcionalmente relacionada con la cantidad de voto por correo que consigan”. Los votos que consiguen son entregados a los miembros de los escalones B o C que han encargado sus servicios, “siendo estos quienes almacenan el grueso de los votos”.
El atestado policial subraya que todas estas características permiten acreditar “una realidad incuestionable que no es otra que los hechos delictivos informados por los investigadores no hubieran sido viables si no existiese detrás de ellos una potente organización”.
