El consejero de Medio Ambiente ha tildado de “lamentable” la nota de prensa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y deja claro que la Ciudad Autónoma “no ha sido la responsable ni de operar ni de mantener la planta desaladora hasta el pasado 6 de marzo”, fecha en la que el Gobierno local asumió, a través de la firma de un convenio con la CHG, estas competencias.
Daniel Ventura aclara que tanto las obras de ampliación de la planta como la construcción inicial de la misma “fueron realizadas por la Confederación”. Subraya, igualmente, que su explotación y mantenimiento siempre han dependido de este organismo.
El dirigente popular reconoce que la Ciudad Autónoma era conocedora de las deficiencias que presentaba la planta cuando le fue entregada y aclara que, precisamente por ello, se incluyó en el convenio un “anexo de observaciones”, dando un plazo, que se extiende hasta diciembre de 2024, para subsanarlas. El objetivo no es otro que garantizar que la desaladora pueda generar 32.000 metros cúbicos.
El consejero de Medio Ambiente recuerda, por ejemplo, que únicamente se han instalado tres bombas de alta presión y no cuatro e indica que la quinta “está de reserva y embalada”. Señala que este material no puede ser montado por el personal de la planta, sino por el fabricante que fue contratado por la empresa que realizó las obras de ampliación para la Confederación.
Ventura ha explicado que, a día de hoy, y a expensas de la construcción de la nueva línea eléctrica que lleva más de seis meses paralizada, la desaladora “es incapaz de funcionar con los cuatros módulos simultáneamente”. Insiste en que así se refleja en los informes de auditorías que se adjuntaron al acta del convenio del 6 de marzo.
Por todo lo expuesto, califica de lamentable que la CHG trate de echar balones fuera y reconoce que no quiere llegar a pensar que detrás de la nota de prensa que remitió la Confederación esté “la mano de la delegada del Gobierno”.
