El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha autorizado la distribución de algo más de 1,8 millones de euros a Melilla para la protección de las familias y la lucha contra la pobreza infantil.
El Gobierno ha aprobado este martes el acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre comunidades autónomas del crédito para la financiación en 2024 del programa de Protección a las Familias y la Atención a la Pobreza Infantil que asciende a casi 200 millones y ha reafirmado su compromiso de seguir aumentando la dotación presupuestaria para este ámbito en los años sucesivos
De este crédito dependen tres programas fundamentales para las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales que gestionan los gobiernos autonómicos:
- El primer programa está dotado con más de 108 millones de euros, de los que a Melilla le corresponden 542.520 euros. Financia proyectos de servicios sociales para desarrollar prestaciones básicas a nivel municipal como las de ayuda a domicilio, las de alojamiento alternativo, o las de prevención e inserción social.
- El segundo programa cuenta con una financiación de 65 millones de euros, de ellos 1.216.699 euros para Melilla. Se centra en la protección a la familia y atención a la pobreza infantil, específicamente a unidades familiares con menores a cargo que estén en situación de privación material severa o riesgo de pobreza y exclusión social. El programa incluye una línea para cofinanciar proyectos de alimentación, ocio y cultura, y para garantizar la conciliación familiar durante las vacaciones escolares. De esta manera, se reforzarán iniciativas desarrolladas por comunidades autónomas y ayuntamientos.
- El tercer programa, dotado con 25 millones de euros, de los cuales 125.000 euros son para Melilla, se destina a reforzar equipos de atención primaria de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Se trata de cofinanciar proyectos de refuerzo de servicios sociales que permitan la prevención y detección precoz de posibles riesgos de violencia hacia la infancia, en coherencia con lo previsto en la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia aprobada en 2021.
