El Estado descarta la posibilidad de delegar las competencias sanitarias a Melilla porque, señala, “la Constitución Española reserva al Estado la competencia exclusiva sobre sanidad exterior, la legislación sobre productos farmacéuticos y el régimen económico de la Seguridad Social” y que el estatus jurídico de Melilla “no lo permite”.
Según publica el portal web ‘Redacción Médica’ la petición llegó al Congreso de los Diputados y al Senado por el Partido Popular con una Proposición No de Ley para que se iniciara un debate en la Comisión de Sanidad sobre este asunto ante la “caótica” situación que atraviesa la ciudad.
Finalmente, el Gobierno central ha cerrado esta posibilidad porque “Melilla es una ciudad con Estatuto de Autonomía, pero no se constituye en Comunidad Autónoma, por lo que no puede dictar normas más allá del ámbito reglamentario, ni asumir la transferencia o delegación propia de las comunidades autónomas”.