El Gobierno de la Ciudad no ha decidido todavía si recurrirá o no la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Melilla que anula la plaza de la única mujer bombero que aprobó las oposiciones de Melilla en 2017 “por un presunto trato de favor”.
La consejera de Presidencia y Administración Pública, Marta Fernández de Castro, ha reconocido que se trata de una sentencia “muy compleja” y remarca que la Administración actuará en base a lo que digan los servicios jurídicos de la Ciudad.
Si bien deja claro que las oposiciones no se anulan. Únicamente se retrotrae todo este proceso a la fase del psicotécnico y del psicólogo para las cinco personas que denunciaron y para la propia funcionaria que consiguió esa plaza.
La dirigente popular ha informado de que fue el pasado jueves cuando se le comunicó el fallo de esta sentencia al Ejecutivo y detalla que ahora se le da un plazo de 20 días a la Administración para decidir si recurre o no.
La consejera indica que esta sentencia aborda cuestiones “muy técnicas” que exigen un estudio pormenorizado de los servicios jurídicos. Serán ellos quienes trasladen al Consejo de Gobierno el fondo de la cuestión para poder tomar una decisión y afrontar este fallo judicial