El consejero de Medio Ambiente, Daniel Ventura, ha criticado el estado en el que se entregó la planta desaladora a la Ciudad Autónoma y ha defendido que la administración local debe encargarse de su explotación y mantenimiento, no de corregir deficiencias de origen.
Para sostenerlo, ha entregado a los medios cuatro documentos: el acta de entrega, dos auditorías independientes, Sacyr y Bureau Veritas, y un informe con un listado de actuaciones críticas. Según esas auditorías y las actas de seguimiento entre 2024 y 2025, la planta no alcanza su capacidad de diseño, mantiene deficiencias estructurales, eléctricas y mecánicas, no cuenta con todas las legalizaciones reglamentarias y seguía pendiente la línea eléctrica de media tensión.
Ventura ha recordado que el Consejo de Gobierno declaró la emergencia el 28 de marzo de 2025 para ejecutar trabajos urgentes vinculados a la seguridad y a la operatividad de la instalación. También ha mencionado el incidente del 31 de enero de 2025, cuando se produjo la rotura de un tubo de presión del bastidor número 4, tras el cual un informe del fabricante concluyó que más de la mitad de sus elementos estaban montados fuera de las tolerancias admisibles.
El consejero ha señalado que la Ciudad ha remitido al secretario de Estado un listado de actuaciones críticas valoradas en más de seis millones de euros y ha acusado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de negarse a continuar con las subsanaciones pendientes.
En un apartado específico, Ventura ha cargado contra dirigentes del PSOE, en concreto contra Rafael Robles y la delegada del Gobierno, a quienes acusa de “mentir sobre el estado en el que se recibió la planta y de intentar eludir sus responsabilidades».
