Desde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fampa) de Melilla se reconoce que era conocedora “de la situación totalmente irregular” de la AMPA de un colegio público por parte de su expresidente “y con resultado de posible fraude económico en actividades objeto de subvenciones”, así como del “abuso” de voluntarios “que, de buena fe, vienen realizando trabajos de carácter social en la citada asociación de madres y padres”.
Joan Casares es el máximo responsable de Fampa Melilla. Denunció ante la Fiscalía y la UDEF de la Policía Nacional “la citada situación irregular y presuntos delitos” al conocer que, al dejar la asociación por no tener hijos matriculados en el centro educativo, el principal encausado “nunca entregó las cuentas bancarias, los correos electrónicos y las redes sociales y que se autonombró asesor externo en un acto de cinismo para poder seguir teniendo el control económico, de información y de actividades” de una AMPA que era receptora de numerosas ayudas y subvenciones “debido a la situación de las familias y de niños vulnerables”.
La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos está prestando cobertura legal “a las seis madres investigadas”. Considera que, en realidad, son víctimas del engaño “y que, abusando de su buena voluntad, tuvieron cargos en la AMPA como presidentas y/o secretarias, admitiendo crédulamente el argumento de que el expresidente era la persona más preparada para llevar los temas, pero que no les daba cuenta de las situaciones económicas, del estado de las subvenciones y siendo manejadas como voluntarias”.
De hecho, Fampa Melilla confirma que se personará como acusación particular en la causa “para defender el honor de las madres afectadas, de la AMPA y de su importante trabajo social y educativo, así como para la restitución de las posibles cantidades económicas expoliadas”.
