Juan José Imbroda no participado este lunes en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado que celebraba una reunión para analizar el informe de la ponencia de la proposición de ley de amnistía del PSOE y cómo afecta al Estado de las autonomías. Un retraso en el vuelo que conecta Melilla con Madrid impidió que el presidente regional del Partido Popular llegase a tiempo, si bien recordaba anoche que esta comisión que da cabida a las comunidades y ciudades autónomas, una comisión en la que se ha abordado una ponencia en la que han trabajado los grupos parlamentarios sobre la amnistía “que pretende el Gobierno de Pedro Sánchez con respecto a todos aquellos que intervinieron en el procés catalán”.
En todo caso, apunta que “una amnistía no cabe en la Constitución y así lo lo han dicho las principales voces autorizadas de este país. Estamos en una plena democracia desde el año 78 y, por lo tanto, no cabe esa amnistía”. Cree que esa ley de amnistía no es más que una manera “de pagar favores prestados”. Se refiere a “los siete votos de Carles Puigdemont”, que, a su entender, le han comprado con esto “y con muchas más cosas”.
“Insolidaridad económica”
Más allá, el presidente regional del Partido Popular añade que la amnistía tiene en la “insolidaridad económica” otro componente importante. En este sentido, apunta que los separatistas e independentistas reclaman muchos más recursos al Gobierno central, “prácticamente todos”, lo que significa que en el resto del país se mermarán las posibilidades de gasto público, “porque se tendrán que satisfacer siempre las ansias que nunca son satisfechas y que siempre son permanentes del independentismo”.
Dice Imbroda que “tenemos que protestar y fijar nuestra postura”. Explica que lo que se persigue desde el Gobierno de la Ciudad es que el nuevo sistema de financiación autonómica “cubra realmente todos los agujeros”, es decir, el déficit que se registra “de acuerdo con los gastos que han ido incrementando y que ha habido que ir acomodando a los nuevos avances y a las nuevas exigencias de la sociedad”.
Y remarca que en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 se incluyeron 300 millones de euros para la ampliación del puerto “y después desaparecieron”. Se pregunta “la riqueza que esa inversión habría dado si se hubiese hecho esa ampliación del puerto, más luego las sinergias correspondientes que iban, que habíamos valorado en unos 500 millones de euros, algo que nos cortaron los señores socialistas que, realmente, están por estropear y nunca por construir una ciudad mejor”.
Determina el presidente de la Ciudad que lo que se quiere es que “se pague justamente” lo que Melilla merece.
