El presidente de la Ciudad insta a las ministras de Defensa y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que se liberen más terrenos para el uso civil en Melilla, la recuperación de la II Bandera de la Legión y el aumento de la financiación para poder afrontar la atención de los Menores Extranjeros No Acompañados y el Servicio de Ayuda a Domicilio.
Juan José Imbroda agradece la visita que van a realizar en los próximos días las dos representantes del Gobierno del Estado, pero cree que, además de viajar a la ciudad, existen varias tareas que les “encomienda” el popular para mejorar la vida de los melillenses.
A Margarita Robles le afea que se haya realizado un agravio comparativo entre Ceuta y Melilla con el decreto que se publicó por el Ministerio de Defensa en el que se acuerda la disposición de 10 hectáreas para el uso civil en la ciudad caballa, mientras que para Melilla la cifra se redujo en 3,5 hectáreas.
Además, el popular ha insistido en la necesidad de que se recupere la unidad de más de 600 legionarios que hace ya 15 años se eliminó por el anterior Gobierno del Estado en manos de José Luis Rodríguez Zapatero. Considera Imbroda que no se debe entender como “un gesto de hostilidad” porque, simplemente, “es reponer lo que había” que, además, supone un avance en materia económica, social y en general para Melilla.
En cambio, a Elma Saiz le expone la “presión” que Melilla ha padecido con la migración de menores en todo el siglo XXI y que supone que, próximamente, se saque a licitación unos pliegos con una inversión de más de 22 millones de euros, cuando la partida que llega del Gobierno central no suma los cuatro millones.
Asimismo, en relación a uno de los asuntos que ha levantado bastante polémica en las últimas semanas con la delegación de competencias del Servicio de Ayuda a Domicilio desde el Imserso, el presidente de la Ciudad no comprende por qué se ha derivado una partida de 700.000 euros, cuando el coste total del contrato asciende a tres millones. Lamenta que la diferencia la deba poner la Administración local, mientras lo que “obliga la ley” es pagar al 100% el coste de estas competencias.
