Con la abstención de CpM, Somos y Vox y el voto en contra del PSOE, el Gobierno ha aprobado el nuevo pliego del contrato de vigilancia privada que tendrá una cuantía superior a los 27 millones de euros.
La oposición ha denunciado el “enorme retraso” que ha vivido este trámite después de que el anterior se haya quedado desierto. CPM considera que es un documento “muy atractivo para las empresas” y el PSOE advierte que se podría estar contraviniendo una sentencia del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Somos Melilla critica que el consejero de Seguridad Ciudadana no quiera reunirse con los sindicatos. Por su parte, José Ronda defiende la gran mejora de este pliego ya que se aumenta en dos millones la cuantía y el incremento de trabajadores contratados.
El consejero explica que el retraso no se ha debido a la falta de comunicación con sindicatos y recuerda que el actual contrato de vigilancia privada data de 2019.