La Ciudad Autónoma deberá arbitrar un nuevo sistema “más garantista” para la recaudación del IPSI de importación, al haber detectado irregularidades en el convenio de colaboración que se ha desarrollado por el Colegio Oficial de Agentes y Representantes Aduaneros durante los últimos años y que ya han sido comunicadas a Fiscalía.
Daniel Conesa ha querido ser “muy discreto” con este asunto que ya ha sido expuesto públicamente por el organismo colegiado que, a través de un comunicado de prensa, mostraba “su más enérgica repulsa” a la actitud de una empresa que ha incumplido el código deontológico, cobrando el impuesto a los comerciantes y particulares sin ingresarlos posteriormente en las arcas públicas.
El consejero de Hacienda determina que, al haber detectado esta “mala praxis” por parte de una misma sociedad que gestionaba cuatro agencias de aduana evidenciando “ciertas debilidades”, ya está trabajando en la creación de un nuevo modelo que beneficie y reúnas unas condiciones de seguridad óptimas para la Administración local y los clientes.
Se trata de un “hecho preocupante” que los técnicos ya le comunicaron a su llegada al frente de la consejería durante el verano porque se estaba “rompiendo el sistema” que ha imperado durante muchísimos años. Desde la Ciudad Autónoma se comunicó el problema en un primero momento “de forma amistosa”, pero después de que haya transcurrido un tiempo prudencial se han iniciado los trámites por la vía legal.
No se ha querido “actuar de manera radical” inmovilizando los vehículos de la empresa y provocando que los clientes no reciban la mercancía que, en el caso de ser comercios, necesitan periódicamente, a pesar de ser un asunto de “gravedad” para la economía local.
Finalmente, el responsable de Hacienda ha querido aclarar que “la mayoría de las empresas son honradas y cumplen con sus obligaciones” y, precisamente por este motivo, el Colegio Oficial de Agentes y Representantes de Aduanas ha suspendido a la sociedad que se encuentra detrás de esta denuncia.
