La defensa de Yonaida Sel-lam ha solicitado que el Consejo General del Poder Judicial realice una inspección e investigue al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla y, más concretamente, a los autos de ingreso en prisión de la Operación Santiago-Rusadir “por si hubiera un reiterado trato discriminatorio por razón de etnia”.
En el documento judicial se determina que el “supuesto origen extranjero y la presunción de otras nacionalidades no acreditadas” ha sido determinante para privar de libertad a los exconsejeros y exviceconsejeros de Coalición por Melilla.
En el escrito, Isaac Fernández, letrado que ejerce en representación de la que fuera viceconsejera de Incidencias y Línea Verde en la anterior legislatura, se apunta que “la suposición de poseer otras nacionalidades basada en el apellido” puede constituir “una práctica habitual” de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla.
Para la defensa, el hecho de que los seis autos de ingreso en prisión sean prácticamente iguales y que se presuponga un mayor riesgo de fuga por “tener un apellido de origen amazight, pone en una situación muy difícil al procesado”.
Entiende que, según los argumentos esgrimidos por la jueza, se estaría vulnerando el artículo 14 de la Constitución Española, al existir “una clara discriminación por razón de raza”, y del artículo 24.2 porque, reitera, “la población española de origen amazigh melillense (…) tiene unas posibilidades infinitamente mayores de que se le apliquen medidas cautelares de prisión provisional que a otros españoles de otras etnias o religiones”.
Fernández determina que las actuaciones de este juzgado “tienen este sesgo” y cree que debe ser el CGPJ quien deba “tomar las medidas que considere oportunas” porque se entiende que “se pone en una situación muy vulnerable a una parte importante de la población melillense por su origen”.
