Las 14 comunidades y ciudades autónomas gobernadas por el Partido Popular han exigido la dimisión del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, durante la Conferencia Sectorial: “No hay liderazgo, ni diálogo institucional y el Gobierno utiliza al turismo para ocultar su fracaso en materia de vivienda”, aseguran.
A dicho encuentro asistió Miguel Marín, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Las comunidades denuncian, en una declaración conjunta, que la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Turismo, tras más de dos años sin reunirse, “no responde a una voluntad real de diálogo, sino a una reacción tardía de un Ministerio que ha gobernado de espaldas a los territorios y al principal motor económico del país”.
Los consejeros del PP consideran que la flexibilización de los fondos Next Generation “llega tarde” y tendría que haberse realizado hace al menos un año: “Aplicarla ahora no mejora la ejecución ni ayuda al sector y evidencia una forma de gobernar sin escuchar a quienes gestionan los fondos y conocen la realidad de los destinos turísticos”.
Acusan al Gobierno de “falta de liderazgo”, lo que afecta a cuestiones fundamentales como la conectividad, las infraestructuras y el “Estas áreas han estado ausentes tanto del debate político como de una Estrategia de Turismo Sostenible 2030 elaborada sin participación autonómica y al margen del reparto competencial”, apuntillan.
Reprochan al Ejecutivo la “grave utilización” del alojamiento turístico como “coartada” para desviar la atención del fracaso de la Ley estatal de Vivienda: “En lugar de afrontar los problemas reales de acceso a la vivienda, el Gobierno señala al turismo y lo carga de más burocracia y restricciones”.
“El turismo no puede seguir pagando los errores de otros ministerios ni la falta de gestión del Gobierno”, manifiestan
Recuerdan que la Comisión Europea ya se ha pronunciado sobre la ilegalidad del registro único de alquileres, “creado artificialmente por el Gobierno”, confirmando que se trata de una normativa estatal “mal diseñada, que invade competencias y genera inseguridad jurídica”.
Apuntan que este registro provoca un perjuicio económico “grave y directo” al sector, ya que expulsa del mercado a pequeños propietarios que cumplen la ley, destruye rentas familiares, reduce actividad económica local y pone en riesgo la oferta alojativa en muchos territorios donde el turismo es la principal fuente de empleo y riqueza.
“La normativa estatal no reduce la oferta ilegal. Penaliza a quien cumple y utiliza al turismo como cortina de humo para ocultar la ausencia de una política de vivienda eficaz”, señalan
