Más de 300 firmas se han recogido esta semana por parte de los empleados públicos de la Ciudad para exigir al Gobierno una subida salarial. Mañana es el último día para poder hacerlo. El documento se le entregará al jefe del Ejecutivo local, Juan José Imbroda, el miércoles 11 de julio para intentar llegar a un acuerdo. Será entonces cuando se le solicite una reunión para abordar “formalmente” el aumento de las retribuciones.
José Emilio Carrasco, portavoz de los empleados públicos, está convencido de que el número de firmas hubiera sido muy superior de no estar en periodo vacacional. Indica que el objetivo es contar con el máximo apoyo posible del personal de la Administración para dejar claro que sus reivindicaciones “no son una pataleta”.
Preguntado por si tienen previsto convocar una huelga e incluso plantearse la paralización de la Administración, ha indicado que quieren esperar a ver qué respuesta les da el presidente de la Ciudad, una vez que le entreguen el escrito con la recogida de firmas. De momento, eso sí, continuarán con las concentraciones diarias a las puertas del Palacio de la Asamblea.
Durante la concentración de hoy, Carrasco ha manifestado su malestar por las declaraciones de ayer de la consejera de Presidencia y Administración Pública.
Reconociendo que posee un “pequeño extracto” de lo que dijo Marta Fernández de Castro y que “no se ha preocupado en leer mucho” estas declaraciones, desmiente a la popular y asegura que él mismo, “personalmente”, le hizo llegar por sede electrónica un documento, el 30 de junio, para valorar el acuerdo al que había llegado con los sindicatos sobre la subida salarial que se iba a aplicar a la Policía Local, con la intención de hacerlo extensible al resto de empleados públicos. También lo ha hecho, dice, en “petit comité”.
En esta misma línea, Carrasco también le ha reprochado a la portavoz del Gobierno, Fadela Mohatar, que trate de restar importancia a las concentraciones que se están llevando a cabo, asegurando que son un grupo de cuatro o cinco personas. Indica que el famoso grupo de WhatsApp al que se hace referencia está conformado por más de 500 empleados públicos.
Carrasco deja claro que los funcionarios se concentran “libremente” y que ninguno de ellos “está coaccionado”. A juicio de todos ellos, el Gobierno está actuando de forma “irregular”. Espera, no obstante, que se reconduzca la situación y que las cosas se empiecen a hacer bien.
