UGT y CCOO defienden que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) debe ser del 5 por ciento en 2024, mientras que desde la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME) se califica de “razonable” que la patronal apoye un aumento del 3 por ciento para que los negocios sean “viables y no tengan que despedir a más trabajadores ni cerrar”.
Destaca Enrique Alcoba en los micrófonos de COPE Melilla que para entender la posición de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) hay que tener en cuenta que en los últimos tres años el Salario Mínimo Interprofesional ha crecido un 45 por ciento, al tiempo que también lo han hecho “todos los impuestos”.
Por su parte, Francisco López explica que desde CCOO se seguirá negociando una subida del 5 por ciento “por la inflación”, aunque cree que la Administración pública podría responsabilizarse de ese aumento para que no afecte tanto a los empresarios. Por otro lado, avanza que de cara a futuros acuerdos se procurará desligar el plus de residencia y el de bonificación, porque no repercuten positivamente en la nómina de los trabajadores cuando tendría que ser algo diferenciador por vivir en Melilla.
Javier Valenzuela es el secretario general de UGT. Aunque admite que la intención de la patronal es “buena porque ha entendido la necesidad de una subida”, considera que un 3 por ciento es “ridículo”. Aun así, señala que con el 4 por ciento que plantea el Gobierno central ya se alcanzaría los 1.123 euros mensuales en 14 pagas, algo que, bajo su punto de vista, tendría que revisarse a mediados de 2024 “con el objetivo de llegar al salario medio de España”. Defiende que lo “lógico” es que el Salario Mínimo Interprofesional roce los 1.200 euros y cree que la perspectiva de la patronal es la “misma cantinela de siempre”.
En cuanto al complemento de residencia y al de bonificación, sostiene que el problema es que el Salario Mínimo Interprofesional incluye todos los conceptos y esto hace que las subidas no afecten a los empleados con las rentas más bajas “porque lo pagan los propios trabajadores”, un asunto que, asegura, se lleva denunciando desde hace años desde UGT.
