Convocada concentración a las puertas del Palacio de la Asamblea para demandar una solución al servicio de ayuda a domicilio, la consejera Randa Mohamed reconoce que no entiende “estas presiones” cuando está en curso una licitación, un acuerdo y un compromiso entre la Ciudad Autónoma y el Imserso “para acelerar el procedimiento lo máximo posible”. La responsable de Políticas Sociales y Salud Pública cree que esta cuestión “ya está solucionada”, por lo que apunta que “ya no es momento de esas manifestaciones”. Dice que “es cuestión de esperar a que acabe el procedimiento y sacar adelante el nuevo contrato”.
Defiende que “hay que tener en cuenta” que el Gobierno del Partido Popular (PP) “siempre ha puesto su esfuerzo” en sacar adelante el servicio de ayuda a domicilio tanto en la modalidad básica “como de podología, peluquería y demás para nuestros mayores, que son los que nos importan más que a nadie”.
Fue en agosto cuando la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública redactó un contrato de emergencia de cien días que se adjudicó en diciembre y que finaliza a mediados de marzo. No se puede ampliar ese contrato de emergencia y se asume que hasta entonces no daría tiempo a publicar el contrato mayor, pero aclara Randa Mohamed que “no habría ningún problema” en prorrogar el actual una vez consiga la Ciudad Autónoma la delegación de competencias del servicio de ayuda a domicilio. La cuestión es que esa delegación de competencias llegue antes de que expire el contrato de emergencia que ahora está en curso. En este punto, aclara que existe un compromiso por parte del Imserso y que se da “ese voto de confianza”.
Recuerda la consejera que las primeras negociaciones con el Imserso arrancaron en marzo de 2023, ya que en octubre finalizaba la delegación de competencias. Ya con el Partido Popular (PP) en el Gobierno de la Ciudad, en julio “se volvió a insistir”, pero, “al no haber respuesta”, además se trasladaron a la Dirección General del Imserso “discrepancias en torno a la financiación”. Y es que la Ciudad Autónoma aporta 2,1 millones de euros, mientras que la Administración central apenas 670.000 euros, por lo que lo que se pedía es que aumentase ese presupuesto, un compromiso que se asocia directamente a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
