Vox Melilla ha preguntado en el Pleno de Control de hoy por el cumplimiento de las normativas sanitarias de la Fiesta del Eid al-Adha, el estado del túnel del Alfonso XIII, la “inseguridad” en Melilla y el pago de indemnizaciones a algunas empresas.
José Miguel Tasende pide al Gobierno que se salvaguarde los derechos de la familia, la sanidad pública y que se respete la normativa nacional y europea sobre los animales. El diputado de Vox entiende que debe haber un control del número de reses vendidas y el número de los que se sacrifican, así como el lugar donde se produce, el modo y el destino de los restos orgánicos.
La consejera de Políticas Sociales ha asegurado que las instalaciones contarán con estas medidas, como el control veterinario, instalaciones con desagües adecuados, tomas de corriente eléctricas, cubos herméticos para la recogida de despojos y traslado a incineradora, unos 18 operarios para la limpieza (como mínimo) o servicio de vigilancia, entre otras medidas. Asimismo, ha recalcado que los animales son procedentes de ganaderías autorizadas de la península.
Por otra parte, desde Vox han lamentado el “mal estado” en el que se encuentra el túnel de Alfonso XIII. Apuntan que gran parte de sus elementos de seguridad están “rotos” y los convierten en “peligrosos” para los conductores que pasan por la zona.
En este caso, el consejero de Fomento ha señalado que ya se están elaborando unos pliegos para la reparación y limpieza de los paneles interiores y el arreglo de los tramos accidentados de los guardarraíles. Se tiene previsto que en 4 o 5 semanas la obra esté licitada y adjudicada, teniendo un plazo de ejecución de un mes. Miguel Marín ha recalcado que se ha esperado hasta verano para evitar entorpecer el denso tráfico que se produce en periodo escolar.
Por último, la formación que preside José Miguel Tasende ha hecho referencia a la “inseguridad” que, a ojos de Vox, se respira en Melilla con un “incremento de atracos” en las últimas semanas. El partido solicita saber qué se está haciendo para evitar la “proliferación” de este tipo de violencia.
El consejero de Seguridad Ciudadana ha responsabilizado de esta cuestión a Delegación del Gobierno, ya que, dice, tiene a su cargo cerca de 1.200 agentes entre Policía Nacional y Guardia Civil, mientras que la Policía Local solo se ocupa del tráfico y de colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Igualmente, ha avanzado que se implantarán cámaras en distintos puntos de la Zona de Bajas Emisiones para controlar el comportamiento medioambiental de los ciudadanos, utilizándose también en materia de seguridad.
