La Policía Nacional ha detenido cuatro personas relacionadas con un fraude en la adjudicación de subvenciones. Además, nueve personas han sido investigadas. El expresidente de la AMPA de un colegio público es el principal encausado y presunto autor de los hechos. Ha sido puesto a disposición judicial por los delitos de fraude en las subvenciones, apropiación indebida, falsedad documental, usurpación de estado civil y estafa agravada, si bien la investigación sigue abierta “debido a su volumen y complejidad”.
A principios de 2023 tuvo conocimiento la Policía de “ciertas irregularidades” en la publicación en el BOME de un convenio de colaboración “excepcional” por importe de más de 60.000 euros, suscrito entre la AMPA en cuestión y la ya extinta Consejería de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, por lo que se inició una investigación de la que se hicieron cargo agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla.
Las primeras indagaciones dieron como resultado la identificación de una persona, “anterior presidente de la AMPA y que desde 2019 no residía en Melilla”, pero que disponía del control de la cuenta bancaria de la asociación. Esa asociación de madres y padres de alumnos habría recibido desde el año 2017 del orden de 370.000 euros a través de “múltiples fondos públicos y privados relativos a contratación pública, subvenciones, ayudas y convenios suscritos con la Ciudad Autónoma, así como subvenciones y ayudas del Ministerio de Educación, del Instituto de la Juventud, de un partido político, de la Unión Europea y de asociaciones sin ánimo de lucro nacionales e internacionales de carácter privado”.
Trabajadores ‘fantasma’ y cuentas bancarias
Los investigadores pudieron identificar en el AMPA la existencia de trabajadores ‘fantasma’ sin actividad laboral y sin retribuciones que solo servían para justificar las subvenciones recibidas, así como trabajadores “revestidos de supuestos voluntarios”, trabajadores en precario sin contrato y trabajadores en situación administrativa irregular. En el curso del análisis de las cuentas bancarias se han identificado diversas transferencias “con origen en la cuenta del AMPA y destino a una cuenta del principal investigado”, así como a cuentas cuya titularidad correspondía a su exmujer, a familiares y asociaciones “por un importe superior a los 60.000 euros”. Asimismo, se pudo determinar la existencia de una tarjeta de débito a su nombre con la que sufragaba con fondos públicos compras de billetes de avión a Europa y Sudamérica, “adquiridos para trabajadores del AMPA y para otras personas afines o cercanas”, así como “múltiples” compras en una conocida plataforma de comercio electrónico, coches de alquiler, viajes en barco, productos de deporte, electrónica y otros de uso doméstico, “todos sin relación alguna con el objeto de la subvenciones y ayudas recibidas y por un importe superior a los 30.000 euros”.
También habían recibido fondos paliar los efectos del coronavirus, “pero la asociación no destinó ni un solo euro a gastos relacionados con el COVID”. En relación con el convenio suscrito en 2023 con la entonces Consejería de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, nunca se presentó justificación alguna del destino de los fondos públicos obtenidos, “ni consta en el expediente que el órgano administrativo competente de la Ciudad Autónoma reclamase justificante alguno”.
Uso «arbitrario, opaco y discrecional»
La trama criminal había urdido una red clientelar de personas afines a la asociación “que, bajo el paraguas de la finalidad social, de las notables carencias de los alumnos que acuden al centro escolar y aprovechándose del trabajo de muchos voluntarios que, de buena fe, participaban en sus actividades, les habría permitido obtener cuantiosos fondos públicos y privados que no eran adecuadamente destinados al fin social para el que debían haber sido destinados, sino al enriquecimiento personal del principal investigado, de sus familiares y de personas afines”.
Los investigadores han intervenido numerosa documentación “y evidencias digitales”. Han procedido al bloqueo de diez cuentas bancarias que, tras su análisis, han permitido determinar que los fondos recibidos no habían sido destinados al fin para el que fueron otorgados “y, en especial, de los fondos públicos recibidos de las distintas administraciones se ha podido constatar un uso arbitrario, opaco y discrecional por parte del principal investigado”.
La operación policial desarrollada en Melilla y Granada ha culminado con la detención de cuatro personas: el que fuera presidente del AMPA y tres colaboradores. La investigación policial y el bloqueo de las cuentas bancarias ordenado por la autoridad judicial “ha impedido el mal uso de los fondos aún existentes en dicha cuenta de la asociación”. El principal encausado y presunto autor de los hechos fue puesto a disposición judicial en diciembre de 2023 por los delitos de fraude en las subvenciones, apropiación indebida, falsedad documental, usurpación de estado civil y estafa agravada.
