El Tribunal de Cuentas obliga a la Ciudad Autónoma a abonar facturas pendientes desde 2020 a SEAMEL por haber prestado los servicios de mantenimiento de los centros de transformación y grupo de electrógeno de la Administración local. Uno de los “marrones” que, tal y como denuncia Daniel Conesa, dejó la corporación anterior y cuyo pago se ha tenido que realizar a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito.
El consejero de Hacienda argumenta que se trata de una “mala confección de la contratación” que ha conllevado al dictamen del Consejo de Estado que ha declarado la nulidad de pleno derecho de esta relación contractual.
Dunia Almansouri defiende que se trata de una “cuestión técnica y no política” porque la licitación de estos servicios se realizó con anterioridad al año 2019. La diputada de Coalición por Melilla explica que se trata de un problema relacionado con las cuantías fijas y variables que se previeron en los trámites de la contratación.
Se trata de un asunto que ha tenido que aprobarse en el Pleno de la Asamblea que se ha celebrado esta mañana en el que el diputado de VOX Melilla afirma que “no cabe votar en contra del mismo” y espera que, una vez que se finalice con este expediente, se ponga fin a la situación de impagos de facturas de años anteriores.
Finalmente, este punto del orden del día ha salido adelante con los votos a favor de todos los grupos políticos, al igual que las subvención extraordinaria correspondientes a cada uno de los partidos con representación en la Asamblea, estableciendo una relación de tres euros por cada voto recibido y correspondiendo, por lo tanto, 46.900 euros al Partido Popular, 16.900 euros a CpM, 9.600 euros a PSOE, 8.710 a VOX y 4.500 a Somos Melilla.